La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exintegrantes de las extintas FARC, 21 miembros de la fuerza pública y cinco civiles por su presunta participación en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como "falsos positivos" y perpetradas entre 1997 y 2007.

Es la primera vez que la JEP vincula de manera conjunta a exguerrilleros, militares y civiles como terceros implicados dentro de un mismo patrón de macrocriminalidad, al reconocer que en esos crímenes, cometidos en los departamentos de Antioquia y Chocó se desplegaron "estrategias de violencia, control social y apropiación territorial" por parte de distintos actores armados y económicos, según informó el tribunal.

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Por la responsabilidad de la fuerza pública fueron imputados como máximos responsables oficiales retirados como el general Alejandro Navas Ramos, quien fue comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares y quien, tras su retiro, del servicio activo, fue embajador de Colombia en Argentina (2013–2017).

También fueron imputados los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; y el brigadier general Rito Alejo del Río, ya investigado en otros macrocasos de este tribunal.

Por parte de las FARC el proceso sindica a ocho exguerrilleros que no hicieron parte del mando de ese grupo y que ya fueron imputados por secuestros y crímenes concurrentes en otro caso abierto por la JEP.

Los civiles imputados eran "voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC)", explicó la JEP, que identificó entre ellos al entonces presidente de la junta directiva, Benito Molina; al gerente Benito Osorio; al asesor jurídico Carmelo Esquivia; así como a los directivos Luis Gonzalo Gallo y Jaime García.

El alto tribunal, creado por el acuerdo de paz que el Gobierno y las antiguas FARC firmaron en 2016, determinó que los crímenes responden a formas sistemáticas de violencia como la estigmatización y asesinato de personas consideradas "enemigas", y el control social y cultural ejercido con amenazas y ataques a las comunidades.

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Más de 50.000 víctimas

La JEP acreditó a 54.672 víctimas de masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual, torturas y asesinatos de líderes comunitarios, que provocaron daños a "colectivos especialmente graves" en los pueblos indígenas embera, guna dule, wounaan y zenú, y en comunidades de las regiones del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién, limítrofes con Panamá.

Uno de los crímenes más representativos fue perpetrado el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, en el departamento del Chocó, cuando integrantes de las FARC lanzaron cilindros bomba contra una iglesia donde se refugiaba la población civil durante un enfrentamiento con paramilitares, lo que causó la muerte de 98 personas, entre ellas 48 menores de edad.

Los 34 comparecientes deberán responder en los próximos 60 días hábiles si aceptan o no los hechos atribuidos.

Quienes reconozcan responsabilidad en los hechos que se les imputan podrán recibir sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, que no incluyen privación de la libertad, y quienes no lo hagan serán sometidos a juicios en los que podrán enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

EFE.